Mecanismos de Participación Ciudadana
Denuncia
Es la ocurrencia de actos o hechos irregulares relacionados con la administración, custodia y manejo de recursos públicos en los órganos y entes de la Administración Pública, así como, las instancias de participación ciudadana cuando a éstas les sean entregados recursos públicos, a través de transferencias, aportes, subsidios, constituciones o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidad de interés o utilidad pública.
Reclamo
Es la inconformidad que presenta la ciudadanía por retardo, distorsión, omisión o incumplimiento por trámite o plazo, en que incurrieron los funcionarios responsables del asunto. Los funcionarios y demás personas que prestan servicios en la administración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran. (Artículo 3. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos)
Sugerencia
Es el derecho que tiene la ciudadanía directamente o través de las comunidades organizadas, de presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la administración pública, así como, participar en la elaboración de los instrumentos de contenido normativo. (Art 139 Ley Orgánica de la Administración Pública)
Petición
Es el derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 51), que consiste en representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario(a) público(a) sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos y de obtener oportuna y adecuada respuesta.
Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes. (Art. 9 Ley Orgánica de la Administración Pública)
Queja
Insatisfacción de la ciudadanía por los servicios prestados por el sector público y popular, así como de las actividades del sector privado que afecten los derechos o intereses colectivos.
